El Gobierno pagará 310 millones por la autopista Cartagena-Vera tras 5 años de gestión por el Estado

El rescate de la última ola de autopistas de peaje desatada a principios de la década no le saldrá barato al Estado. Solo la autopista que enlaza las localidades de Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) le costará más de 310 millones de euros, según la primera valoración realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que encabeza Raquel Sánchez. La cifra corresponde a la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que debe pagar tras hacerse cargo de esa infraestructura en julio de 2018.

Cinco años después de asumir la gestión de la autopista, el Mitma fija el valor de los pagos a realizar a su promotora, la concesionaria Autopista de la Costa Cálida (Aucosta) que declaró concurso voluntario de acreedores en 2013 con un pasivo de 550 millones de euros.

La RPA reconocida ahora da un valor patrimonial a la autopista de casi 366,5 millones incluidas las obras y el coste de las expropiaciones: 348,6 millones por obras y más de 30,8 millones por expropiaciones. De esa cifra hay que detraer 56,2 millones por expropiaciones; de lo que resulta una RPA total de 310,2 millones de euros de los que más de 32,3 millones se retienen provisionalmente hasta liquidar lo que el ministerio considera «situaciones pendientes».

Por tanto, ingresará en la cuenta de la concesionaria 277,94 millones (tienen dos meses de plazo legal) que el juzgado encargado de la liquidación de la empresa distribuirá entre sus acreedores. Para el pago de las «situaciones pendientes» existe un plazo de seis meses.

Los pagos que ahora realizará el Gobierno vienen a responder por la inversión realizada por la concesionaria para el desarrollo de esa infraestructura. Al tratarse de una concesión, el propietario real de la autopista es el Estado aunque sean las empresas privadas quienes realizan la inversión que recuperan con los peajes durante todo el periodo concesional. Sin embargo, la declaración de concurso de acreedores y la posterior declaración judicial de la liquidación de la compañía han complicado las cosas.

Un lustro de trámites

El proceso para llegar hasta la definición de la cantidad ha sido largo y casi tortuoso durante los últimos cinco años, ya que el Juzgado de lo Mercantil Número 11 de Madrid no dictó la liquidación de la empresa hasta abril de 2018. En ese momento, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) que preside el secretario general de Infraestructuras del Mitma, Francisco Javier Flores García, asumió su gestión de la misma.

Tres meses después, el 13 de julio de ese año, el Consejo de Ministros acordó resolver el contrato de concesión administrativa y ordenar al entonces Ministerio de Fomento que iniciase la tramitación de la liquidación del contrato, con la pertinente cuantificación del valor de la RPA.

Hasta marzo de 2019 no se reconoció a los acreedores financieros, titulares de la deuda de la concesión, su condición de «interesados» en el proceso para que pudieran tener acceso al expediente. Un año después de eso, la filial británica de Deutsche Bank se persona en el proceso y acredita ser acreedor de Aucosta.

En abril de ese mismo año el Mitma encarga a la Dirección General de Carreteras que haga un primer cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que entrega en mayo de 2021.

En paralelo, el Tribunal Supremo dicta varias sentencias, en 2022 en contra del acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, y su interpretación de varios contratos de concesión de autopistas a la hora de calcular la RPA. Las sentencias asumen algunas demandas de las concesionarias y, por tanto, obligan a cambiar el modo en que se calcula la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

De modo que la Dirección General de Carreteras tiene que rehacer sus cálculos y en febrero del presente año presenta una nueva valoración de la RPA de la autopista Cartagena-Vera que es la presentada ahora por el ministerio de Raquel Sánchez.

Peaje desde Francia

La autopista de peaje entre Cartagena y Vera, de 115 kilómetros de trazado, paralelo a la costa, supone una alternativa para las carreteras autonómicas N-332 y A-332 que enlazan Murcia y Almería. Pese a suponer un ahorro de más de una hora en el trayecto (por la auto`pista se tardan unos 60 minutos), los cálculos de la concesionaria fueron tan optimistas que los tráficos reales se situaron el 70% por debajo de lo estimado.

La obra está dividida en dos partes: una autopista de peaje desde el Norte de Vera hasta el Noroeste de Cartagena (97,8 kilómetros) y un tramo libre de peaje, que bordea la ciudad de Cartagena (17,2 kilómetros). La infraestructura cuenta con nueve áreas de peaje y tres áreas de servicio. Además, la infraestructura prolonga y completa el Corredor Mediterráneo de la AP-7 que va desde la frontera francesa en La Junquera hasta la localidad almeriense de Vera.